¿Quién manda realmente?

¿Por qué los dictadores se quedan en el poder décadas sin que nadie los derribe, mientras los demócratas viven con la amenaza permanente de perder la próxima elección? La respuesta intuitiva es la fuerza bruta. La respuesta que da la ciencia política formal es más fría y más reveladora: depende del tamaño de la coalición. Bueno de Mesquita y sus coautores dedicaron una carrera a demostrar que la supervivencia política no es un misterio moral, sino una geometría.

El modelo parte de dos números. El primero es el selectorado (S): todos los actores con algún poder formal para participar en la selección del líder —en una democracia, los votantes registrados; en una monarquía, la familia real y la nobleza; en una dictadura militar, los mandos del ejército. El segundo es la coalición ganadora (W): el subconjunto que realmente mantiene al líder en el poder y sin cuya lealtad el régimen cae.

La clave es la fracción W/S. Cuando W es pequeño en relación con S —pocos leales en un universo de potenciales rivales—, el líder puede comprar la lealtad con bienes privados: contratos de obra pública, impunidad judicial, nombramientos en empresas estatales, acceso a divisas a tipo de cambio preferente. El costo de mantener feliz a una coalición pequeña es bajo, y los miembros de la coalición saben que si traicionan al líder tienen pocas probabilidades de quedarse dentro. Cuando W es grande —como en una democracia con millones de votantes—, los bienes privados son imposibles de financiar a esa escala. El líder debe ofrecer bienes públicos: salud, educación, seguridad, infraestructura. No por virtud, sino porque es la única forma de retener una coalición tan amplia.

De este mecanismo se derivan predicciones verificables. Los regímenes con coaliciones pequeñas gastan menos en bienes públicos, tienen más corrupción y duran más. Los de coalición grande gastan más en servicios, tienen más alternancia y son más vulnerables a la derrota electoral. No porque los líderes democráticos sean mejores personas, sino porque sus incentivos son distintos.

El PRI gobernó México durante 71 años con una coalición efectiva notablemente pequeña: líderes sindicales corporativizados (CTM, CROC), caciques regionales, mandos militares y empresarios con contratos de concesión. El selectorado formal crecía en papel —más mexicanos votaban con cada elección— pero el poder real circulaba dentro de ese círculo compacto. Ese diseño permitía ofrecer bienes privados con una precisión que una coalición de millones hace imposible. La transición de 2000 no fue solo un cambio de partido: fue una ampliación forzada de la coalición ganadora, con todo lo que eso implica para los incentivos del gobernante.

Ajusta el tamaño del selectorado y la coalición ganadora para ver cómo cambia la estrategia óptima del líder y la calidad esperada de los bienes públicos.

El modelo del selectorado es incómodo porque despoja al debate político de su vocabulario moral favorito. No pregunta si el líder es bueno o malo, patriota o corrupto. Pregunta cuántas personas necesita para mantenerse en el poder, y qué les tiene que dar para que sigan ahí. La respuesta a esas dos preguntas predice, con sorprendente precisión, el nivel de corrupción, la calidad de los servicios públicos y la duración del régimen. Antes de aplaudir o condenar a un gobernante, pregunta cuántos son los que realmente lo sostienen.

Fuentes: Bueno de Mesquita, Bruce, et al. The Logic of Political Survival. Cambridge: MIT Press, 2003. | Bueno de Mesquita, Bruce y Alastair Smith. The Dictator's Handbook. Nueva York: PublicAffairs, 2011.

El mismo millón de votos puede producir diez diputados o ninguno, dependiendo de cómo estén diseñadas las reglas. En México, en 2021, Movimiento Ciudadano obtuvo el 8.3% de los votos y consiguió 23 diputados. En un sistema de mayoría relativa puro, con ese porcentaje distribuido sin concentraciones geográficas, habría obtenido casi cero. La regla electoral no es un detalle técnico: es la variable que convierte votos en poder.

La distinción fundamental es entre sistemas de pluralidad (o mayoría relativa) y sistemas de representación proporcional. En la pluralidad, gana el candidato con más votos en cada distrito, sin importar si eso es el 30%, el 45% o el 60%. El efecto, que Duverger documentó en 1951, es la concentración del sistema en dos o tres partidos grandes: los electores que preferirían un tercer partido aprenden rápido que votar por él es "desperdiciar el voto" (efecto psicológico), y los partidos pequeños tienden a perder aunque obtengan una proporción relevante de votos (efecto mecánico).

En la representación proporcional, los escaños se distribuyen en función del porcentaje de votos. Esto permite la sobrevivencia de partidos medianos y pequeños, pero puede producir sistemas muy fragmentados que dificultan la formación de mayorías estables. Los sistemas mixtos —como el mexicano— intentan capturar las ventajas de ambos: representatividad y gobernabilidad.

Para medir cuántos partidos existen realmente (no en el papel, sino con peso político efectivo), se usa el índice de número efectivo de partidos de Laakso y Taagepera: la inversa de la suma de los cuadrados de las fracciones de escaños de cada partido. Cuando un partido tiene todos los escaños, el índice vale 1. Cuando dos partidos tienen el 50% cada uno, vale 2. Cuanto más fragmentado el sistema, más alto el número.

México usa un sistema mixto: 300 diputados federales se eligen por mayoría relativa en distritos uninominales, y 200 por representación proporcional en listas de circunscripción. Esta combinación produjo una transición gradual al multipartidismo durante los noventa sin romper el sistema. En 2024, Morena y sus aliados lograron una supermayoría combinando victorias en distritos uninominales con escaños proporcionales —lo que reabrió el debate sobre si el sistema mixto mexicano genera representación justa o amplifica la concentración del poder.

Simula distintas distribuciones de votos bajo sistemas de pluralidad, proporcional y mixto para ver cómo cambia la representación resultante.

Los sistemas electorales no son neutrales. Son decisiones políticas que determinan qué tipo de sistema de partidos emerge, qué tan representativa es la cámara resultante y qué incentivos tienen los legisladores (responder al distrito o a la dirección del partido). Cambiar el sistema electoral es una de las reformas con mayor impacto estructural que puede hacer un país —y por eso los partidos con poder siempre prefieren diseñar las reglas que más los favorecen. Leer una reforma electoral como un ejercicio técnico es no verla completa.

Fuentes: Duverger, Maurice. Les partis politiques. París: Armand Colin, 1951. | Cox, Gary. Making Votes Count: Strategic Coordination in the World's Electoral Systems. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Dos países con los mismos recursos naturales, la misma población, un punto de partida histórico comparable. Veinte años después, uno creció el doble. ¿Qué pasó? Esta pregunta estuvo en el centro de la economía política durante décadas. La respuesta que más evidencia acumuló no tiene que ver con geografía ni con cultura: tiene que ver con las reglas del juego, formales e informales, que estructuran cómo interactúan los actores económicos y políticos.

Douglass North definió las instituciones como "las reglas del juego en una sociedad, o más formalmente, las restricciones humanamente diseñadas que dan forma a la interacción humana". Esas reglas son de dos tipos. Las instituciones formales son explícitas: constituciones, leyes, contratos, sistemas de propiedad. Las informales son tácitas: normas de reciprocidad, cultura política, convenciones sobre qué se puede hacer aunque no esté prohibido. Ambas reducen la incertidumbre y los costos de transacción —cuánto cuesta hacer un contrato, cuán probable es que se cumpla, cuán predecible es el comportamiento del Estado.

La idea central de North es que las instituciones ineficientes no desaparecen solas. Quienes se benefician de ellas tienen poder para mantenerlas. Una burocracia opaca genera rentas para quienes la controlan; un sistema judicial lento favorece a quien puede costear litigios prolongados; una regulación discrecional beneficia a quien tiene acceso para influir en el regulador. Este fenómeno —que los economistas llaman path dependence, o dependencia de la trayectoria— explica por qué países con instituciones históricamente débiles tienen tanto trabajo para reformarlas: la misma debilidad institucional produce los incentivos para preservarla.

El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project ubica a México en el percentil 30 global, con calificaciones especialmente bajas en orden y seguridad y justicia civil. Lo que eso mide, en concreto, es el costo: cuánto tiempo tarda en resolverse un conflicto contractual, cuán probable es que una sentencia se ejecute, cuánto cuesta registrar una empresa o recuperar una deuda. Esos costos no son abstractos. Determinan si un emprendedor decide invertir, si un agricultor puede obtener crédito con su tierra como garantía, si una empresa extranjera considera entrar al mercado. La reforma del Poder Judicial de 2024 es precisamente un debate sobre si cambiar las instituciones mejora o destruye su calidad —y ese debate solo puede leerse bien con el marco de North.

Modifica la calidad institucional y observa cómo cambian los costos de transacción y los incentivos de inversión en el modelo.

El argumento institucionalista no dice que las reglas lo explican todo. Dice algo más modesto y más útil: que los resultados económicos y políticos no son solo el producto de la voluntad de los gobernantes o la riqueza de un país, sino del entorno de reglas dentro del cual actúan todos los actores. Cambiar ese entorno es difícil precisamente porque quienes tienen poder dentro de las instituciones existentes tienden a usarlo para preservarlas. Por eso las reformas institucionales profundas casi siempre requieren una crisis o una ventana política extraordinaria. Y por eso, cuando ocurren, sus efectos tardan años —o décadas— en verse.

Fuentes: North, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. | Acemoglu, Daron y James A. Robinson. Why Nations Fail. Nueva York: Crown Publishers, 2012.

Las élites no democratizan porque son buenas personas. Lo hacen cuando les cuesta más no hacerlo. Esta afirmación, que parece cínica, es en realidad una de las herramientas analíticas más potentes para entender por qué algunos regímenes autoritarios se reforman gradualmente y otros colapsan, por qué ciertas transiciones son pacíficas y otras terminan en represión. Acemoglu y Robinson construyeron un modelo de esa decisión y lo probaron contra la historia política de dos siglos.

El modelo comienza con una asimetría de recursos: las élites controlan la riqueza y, a través de ella, el aparato político y militar. Los ciudadanos son más numerosos pero carecen de organización permanente. En estado normal, las élites prefieren mantener el statu quo: impuestos bajos, sin redistribución, sin alternancia. Los ciudadanos preferirían redistribución, pero sin poder coordinado, no pueden imponerla.

El detonador es una crisis o un shock que eleva el costo de mantener el régimen tal como está. Puede ser una recesión que aumenta el descontento, una guerra que redistribuye armas, un colapso de legitimidad. Cuando la amenaza de revolución se vuelve suficientemente creíble, las élites enfrentan tres opciones. La primera es reprimir: usar la fuerza para suprimir la protesta. La segunda es prometer redistribución sin cambiar el régimen: "ahora les damos más, pero no cambiamos las reglas". La tercera es democratizar: transferir el control de las instituciones a mecanismos que incluyen a los ciudadanos.

La represión tiene un costo directo (recursos militares, desgaste de legitimidad) y es incierta (puede fallar). La promesa sin institución no es creíble: una vez que la amenaza desaparece, la élite tiene incentivos para retractarse, y los ciudadanos lo saben. La democratización es la única opción que ofrece un mecanismo de compromiso creíble: al transferir el control de las instituciones, la élite ata sus propias manos. Pero lo hará solo si el costo de redistribuir dentro de la democracia es menor que el costo esperado de la represión o de la revolución.

El proceso mexicano de 1994 a 2000 encaja con notable precisión en este modelo. La crisis económica de diciembre de 1994, el levantamiento zapatista de enero del mismo año y la presión internacional acumulada elevaron simultáneamente el costo de la represión y la credibilidad de la amenaza de inestabilidad. El PRI eligió reformas electorales graduales —la creación del IFE autónomo, la eliminación de la autocalificación, la paridad de financiamiento público— en lugar de la represión masiva que habría sido necesaria para mantener el control sin concesiones. No fue generosidad. Fue el cálculo de que la reforma costaba menos que la alternativa.

Ajusta el nivel de desigualdad, la credibilidad de la amenaza revolucionaria y el costo de represión para ver cuándo el modelo predice que las élites eligen democratizar.

El modelo de Acemoglu y Robinson no dice que la democracia sea inevitable ni que siempre llegue de forma pacífica. Dice que es el resultado de un juego en el que la élite elige en función de sus intereses, dadas las amenazas que enfrenta. Esto tiene consecuencias prácticas: si quieres una transición democrática, no basta con tener razón ni con ser numeroso. Hay que hacer creíble la amenaza de que el statu quo es insostenible, y hay que ofrecer una salida que la élite prefiera a la represión. La historia política de América Latina en el siglo XX es, en buena medida, una serie de variaciones sobre ese juego.

Fuentes: Acemoglu, Daron y James A. Robinson. Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. | Acemoglu, Daron y James A. Robinson. The Economic Origins of Dictatorship and Democracy, cap. 2.